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12-12-2006 11:06:36
Ernesto Águila, miembro del Consejo Asesor. Entrevista del Centro de Estudios Avance
“La organización de la educación como un mercado no ha generado calidad“
“Me parece que (el Consejo) es una experiencia de participación ciudadana muy original y audaz dentro de un proceso de construcción de una política pública“.
El Consejo Asesor Presidencial sobre Calidad de la Educación acaba de entregar su primer informe. Un texto de más de cien páginas que reúne los acuerdos (y desacuerdos) de sus 81 miembros. Al recibir el Informe la Presidenta ratificó su intención de enviar una nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en el primer semestre de 2007. Para saber sobre este Informe de Avance y los cambios que hoy se debaten en educación el Centro de Estudios Avance conversó con el integrante del Consejo, Ernesto Águila, Doctor en Educación por la Universidad de Barcelona y actual Jefe de la División de Estudios de la Segpres.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajo de estos primeros tres meses del Consejo Asesor Presidencial de Educación?
-La experiencia deliberativa y de participación, reuniendo en una misma instancia a expertos y actores sociales me ha parecido muy interesante. Creo que ha sido enriquecedor para todos y tengo la impresión que las convicciones originales de cada integrante y de los grupos y sensibilidades que allí existen no han quedado intactas. Me parece que es una experiencia de participación ciudadana muy original y audaz dentro de un proceso de construcción de una política pública. Si esta experiencia concluye bien –lo que no está asegurado todavía- puede significar una revitalización de la promesa de mayor inclusión y participación ciudadana que traía este Gobierno en sus inicios.
Por el texto parecen que hay más desacuerdos que acuerdos
-Eso en educación no es extraño y en parte queda esa impresión por los “pie de página” que un grupo de consejeros disconforme con las opiniones mayoritarias consideró necesario consignar. Sin embargo, yo creo que hay un núcleo de acuerdos fundamentales, en algunos casos de consenso o muy ampliamente mayoritario, que crean las bases para una reforma a fondo de la educación en los próximos años.
Cuáles son esos acuerdos...
-Creo que existe acuerdo en que nuestro sistema educativo no tiene la calidad necesaria, y que tampoco existe un marco regulatorio y una institucionalidad que asegure y garantice esa calidad. En este sentido, lo que yo creo que se ha instalado es el reconocimiento de que el actual modelo de gestión de la educación en Chile se encuentra excesivamente desregulado y sometido a una lógica de mercado que no ha significado más calidad, y que en algunos casos ha implicado un retroceso en materia de equidad e integración social. Una conclusión ampliamente compartida es que se requiere fortalecer la presencia y el rol del Estado en el aseguramiento de una educación donde la calidad alcance a todos por igual.
¿Cómo se concibe este proceso de reordenamiento y de mayor regulación por parte del Estado?
-En primer lugar creo que es necesario reforzar constitucionalmente el derecho de todos a una educación de calidad. Chile está en condiciones de avanzar desde el derecho de acceso a la educación a un derecho más complejo, como es la exigencia de ciertos estándares de calidad comunes y universales para todos los colegios y liceos del país. Yo me imagino este proceso como la consagración de un conjunto de estándares de calidad –los que pueden, obviamente irse modificando en el tiempo, y haciéndose incrementalmente cada vez más exigentes-, y una nueva institucionalidad que puede ser una Superintendencia o un Ministerio de Educación muy reforzado en sus atribuciones; fiscalizando, regulando y garantizando que esos estándares básicos se estén cumpliendo. Me refiero a estándares básicos que van desde cuestiones como infraestructura, bibliotecas y recursos pedagógicos hasta metas de cumplimiento del currículo, pasando por altas exigencias en materia de formación y calidad del profesorado.
¿Qué pasa en este proceso con la educación pública. Se ha discutido si el Estado debe dar un tratamiento especial a las escuelas y liceos públicos?
-Pienso que el Estado debe tener una preocupación preferente por las escuelas y liceos públicos porque allí se expresa de manera más profunda e integral lo que la sociedad quiere de la educación, y la manera como concibe que la educación contribuya a la construcción del país. Las sociedades pueden deliberar y decidir democráticamente sobre el sentido y la proyección de las instituciones públicas no de las privadas. En este sentido es conceptualmente errado, a mi juicio, que el Estado pueda tener la misma mirada y preocupación de una educación que expresa el ideal que la sociedad ha definido realizar a través de la educación, que lo que puede ser un proyecto educativo privado, que aún cuando pueda tener motivaciones convergentes con la educación pública, al final del día representa la visión de la educación y de la sociedad que tiene el propietario del colegio. En todo caso, es justo reconocer que la educación privada contribuye a la diversidad de proyectos educativos, y que la idea de fortalecer la educación pública no debe ser mirada ni vista como una amenaza para las instituciones educativas privadas.
¿Y qué pasa con la administración municipal de la educación pública?
-Existe una visión compartida que el actual sistema de administración municipal está agotado. Ello no significa que los municipios no puedan jugar un rol relevante a futuro, porque la descentralización en la administración y gestión de las escuelas públicas debiera mantenerse. Sin embargo, de lo que se está hablando es de Corporaciones o Agencias públicas especializadas y dedicadas exclusivamente a la educación. Un grupo reducido de Agencias administradoras a lo largo del país, donde se concentre personal técnicamente muy especializado y de excelencia y donde converjan los aspectos administrativos y técnico-pedagógicos de la educación. Estos organismos públicos administradores pueden tener una dependencia de los gobiernos regionales, de asociaciones de municipios o ser corporaciones de derecho público creadas por el Mineduc. Estas son las tres opciones que se barajan actualmente en el Consejo, y creo que la fórmula precisa aún requiere de mayor estudio y deliberación.
Alguien señaló que todos estos cambios en el marco regulatorio y en la institucionalidad global de la educación no necesariamente iban a redundar en más calidad
-Mejorar la calidad educativa es un proceso complejo, donde es necesario mover distintas variables a la vez. Hay variables sistémicas y muchas medidas que dicen relación con la escuela y el aula. Sin embargo, yo creo que se agotó el modelo de intentar mejorar la calidad educativa sin intervenir variables estructurales como el financiamiento, la gestión y la administración del sistema. El modelo de intervención por programas que ha intentado la Concertación en estos 16 años, sin alinear las variables como el financiamiento, la administración o la supervisión técnico-pedagógica a ese propósito pienso que mostró sus limitaciones. Desde el año 98 que los aprendizajes globales de la educación chilena no mejoran (medidos en pruebas Simce), y se han acentuado fenómenos como la segregación social de las escuelas. Cuando un sistema educativo no mejora aprendizajes ni está cumpliendo funciones claves de integración, movilidad y cohesión social, creo que estamos frente a una situación que requiere soluciones muy de fondo como las que hoy se están debatiendo.
El modelo de financiamiento de los centros educativos aún no se ha abordado por parte del Consejo, pero qué visualiza en esa área. Cómo alinearlo en favor de la calidad educativa
-El modelo de financiamiento requiere una profunda reingeniería y creo que en eso va a haber acuerdo en el Consejo. Este modelo de financiamiento que paga por número de alumno y asistencia no genera incentivos en favor de la calidad. Este esquema de escuelas que compiten entre sí por más alumnos para así obtener más subvención,así como la idea de que esa dinámica abriría paso a más calidad educativa está completamente desmentida por la realidad. En definitiva, la idea de organizar el sistema educativo como un mercado no ha generado calidad. Creo que la lógica cambia en la medida que se homogenizan las exigencias, vía estándares, para todos los centros educativos. Lo que hay que hacer es pagar una subvención para poder realizar dichas exigencias o estándares, y deberá ser un financiamiento diferenciado, porque alcanzar iguales estándares implica esfuerzos diferentes según el tipo de población escolar de que se trate. Hay que dar más recursos en las escuelas y liceos que atienden a una población escolar más vulnerable. En definitiva, la actual subvención pareja y conectada a variables que no dicen relación con la calidad debiera ser definitivamente superada".
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